domingo, 25 de marzo de 2018

Sátiros


Nuestra sociedad es mucho más frágil de lo que nos creemos. Si la esperanza de vida de un ser humano roza ya los cien años, quizá sea capaz de recordar la guerra de Marruecos, la guerra civil, el régimen de Franco, el bodrio catalán e incluso la dictadura de Facebook. El nacionalismo español siempre ha sido indulgente consigo mismo, pero no con el nacionalismo catalán, al que observa entre el miedo y el estupor. A eso contribuyen sin duda los independentistas catalanes, que son incapaces de encontrar un presidente-títere que no lea su discurso en el parlamento como si fuera una sentencia condenatoria, como ha hecho esta semana Jordi Turull, o que no huya como Marta Rovira. En España, ya no se distingue entre la mentira y la verdad, y la historia ya no la cuenta Galdós en los “Episodios nacionales”, sino revistas como “El Jueves” o “Mongolia”, que aún deben luchar por la libertad de expresión. Pero cuando la crónica política se ha convertido en sí misma en una sátira o un chascarrillo –según Cristina Cifuentes- hasta los jueces parecen tener dudas para interpretarla, pues todo tiene un tufillo mongoloide, maldita la gracia. Pero ¿qué es lo que ha pasado en España? Pues, por lo visto, sólo lo sabe Ciudadanos, que es el único partido que sube en las encuestas, aunque a Albert Rivera se le caracterice como la personificación del IBEX-35. Y quizá sea así. Las grandes multinacionales quieren países manejables, con ciudadanos que te digan lo que desean en Facebook. Los internautas compran, se quejan, votan lo que les gusta o lo que no, y luego se encuentran con Donald Trump en la Casa Blanca y a saber con quién en el Palacio de la Moncloa. Porque en las calles sólo se manifiestan los mayores de 65 años, que no han tenido tiempo de ser poseídos por las redes sociales. Ellos aún saben diferenciar entre lo privado y lo público, y por eso no contribuyen voluntariamente a ser controlados. ¿Quiere usted saber cuáles son sus gustos literarios? Pregúnteselo a Amazon. La sabiduría occidental se ha reducido a diez algoritmos que uno cumple cada vez que hace un clic en el ratón del ordenador. “Identifíquese”, nos piden tiendas y plataformas de todo tipo, y vamos construyendo con nuestros datos un avatar más real que nosotros mismos, pero menos responsable. ¿Tendrá la cara de Marc Zuckerberg? Nadie podrá decir que no le hemos entregado nuestros sueños gozosamente, para que su empresa los venda al mejor postor. Menudos sátiros.
IDEAL (La Cerradura), 25/03/2018

domingo, 18 de marzo de 2018

Demanda social


Resulta preocupante que los partidos políticos tomen decisiones o hagan propuestas según los resultados de las encuestas o los sondeos. El pueblo es soberano, pero ¿tiene siempre razón? La visceralidad parece haber contaminado no sólo las redes sociales y los medios de comunicación, sino la propia vida política, donde brillan actualmente por su ausencia las opiniones meditadas. Nuestros líderes políticos repiten machaconamente las mismas ideas como si fueran eslóganes electorales, aunque no se sostengan en datos y ni siquiera en convicciones políticas. Lo hemos comprobado esta semana con el debate en el Congreso sobre las pensiones, que no ha aportado nada nuevo al margen de la constatación del que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vive en el País de Nunca Jamás mientras los jubilados españoles lo hacen en la pobreza. Pero también lo hemos visto después del asesinato del niño Gabriel, que ha despertado los instintos más bajos de la audiencia, de los periodistas y de los políticos, claro, que han debatido sobre la derogación de la prisión permanente revisable, que probablemente atenta contra los valores constitucionales, como han defendido un centenar de profesores universitarios de toda España, y entre ellos ocho del Departamento de Derecho Penal y del Instituto de Criminología de la UGR, que  algo sabrán sobre el tema. Pero en la web de IDEAL los internautas los acusaban de “buenistas”, y había quien recordaba casos sangrantes y muy dolorosos, sí, ocurridos en la ciudad de Granada, como la violación y el asesinato en 1987 de la niña Aixa. "El asesino, José Fernández Pareja, fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada a 85 años de prisión, pero apenas pasó 16 tras las rejas”, clamaba un internauta. Y la verdad es que es un hecho que provoca indignación, pero la Constitución Española reconoce la reinserción social y prohíbe las penas de duración indeterminada. ¿A qué debemos renunciar para asegurar el mantenimiento de una sociedad democrática? No queremos que este tipo de delincuentes estén en la calle, y la razón de esta ley, como señalaba la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, era “la demanda social”. Pero esto no debe justificar su aprobación ni su permanencia. La democracia no es sólo asegurar la voluntad de la mayoría, sino la existencia de un marco jurídico que proteja la dignidad de la persona, incluso la de los pederastas y asesinos. Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, pedía después de la muerte de su hijo que no se extendiera la rabia. Eso es una lección de democracia.
IDEAL (La Cerradura), 18/03/2018

domingo, 11 de marzo de 2018

Pelo


Si uno se fija en los peinados de Donald Trump y Kim Jong Un, se da cuenta que llevan como una aureola belicosa. Es como si el humillo que les sale de la cabeza hubiera contaminado su pelo, que tiende a alzarse hacia arriba. Medio planeta preocupándose por los prontos de los presidentes de USA y Corea del Norte cuando lo único que necesitan es un buen peluquero, que les peine bien las ideas sobre el cuero cabelludo. Quizá tengan demasiado pelo, cuya caída está relacionada en los hombres con los niveles de testosterona. Por eso andan Donald y Kim permanentemente enfurruñados. No como nuestro ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que, calvo y feliz por la recuperación económica, está dispuesto a equiparar el sueldo de los funcionarios públicos del Estado con los de las Comunidades Autónomas. Ha comenzado con los policías, pero a la cola se han puesto jueces y fiscales, médicos, enfermeros, profesores... La equiparación salarial entre todos los funcionarios del Estado –del que también forman parte las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales-, parece algo lógico. Se lo preguntas a nuestros políticos –con pelo y sin pelo- y te dicen que sí, que es lo sensato para reducir las desigualdades, que hay que legislar sobre el tema. Y, sin embargo, esta semana hemos visto a miles de mujeres manifestándose por la equiparación salarial con los hombres. ¿Aquí no es tan fácil legislar? Porque hay empresarios y políticos a los que les salen sarpullidos cuando escuchan hablar de la obligación de equiparar salarios entre los trabajadores, independientemente del sexo que tengan. Equiparar el sueldo entre los funcionarios de las Administraciones públicas les parece lógico, pero entre los hombres y las mujeres –que suelen cobrar de media un 13% menos- de la empresa privada no tanto, porque a fin de cuentas se trata de regular las condiciones del sacrosanto mercado. Y con el capitalismo hemos topado, que no se preocupa precisamente de preservar la igualdad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que todavía peina algo de pelo, a la pregunta sobre si habría que obligar a las empresas a equiparar el sueldo de hombres y mujeres, ha contestado: “No nos metamos en eso”. ¿En la Administración pública sí, pero en las empresas no? ¿Nos está tomando el pelo? A veces, nuestros políticos parecen también funcionarios que, sin embargo, no se caracterizan por su eficacia ni por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, sino sólo por su obediencia a las leyes de la oferta y la demanda. Pierden el pelo y la cabeza.
IDEAL (La Cerradura), 11/03/2018

domingo, 4 de marzo de 2018

Ahorro


A veces se nos olvida que las decisiones políticas tienen consecuencias concretas. Sin embargo, en España es relativamente normal escuchar a políticos sorprendidos (o quizá no tanto) cuando son procesados o juzgados por la opinión pública. Lo hemos visto en Cataluña, donde algunos independentistas han descubierto ahora que el Estado aplica las leyes, pero también en otras comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía y en ciudades como Granada, donde hay políticos que no sabían que la policía cuenta con una Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), creada para combatir la corrupción. “¿Qué coño es eso de la UDEF?”, dicen entonces. Pero es que algunos de nuestros políticos no parecen saber ni quiénes son, porque cuando les preguntas por algo en concreto sufren una amnesia repentina o te dicen sin sonrojarse que no saben nada de cuentas, aunque sean consejeros o incluso presidan una entidad financiera. Así, Narcís Serra, expresidente de Caixa Cataluña, ha defendido esta semana en el Congreso su gestión de esta entidad financiera que tuvo que ser rescatada con 12.600 millones de euros. Un tipo que, además de economista, ha sido alcalde, ministro y vicepresidente del Gobierno. Y que también ha explicado que los miembros del consejo de administración, elegidos por sorteo, empezaron a asistir a cursos de formación financiera que se impartían antes de la reunión de cada mes y donde se les explicaba las partidas claves del balance y de la cuenta de resultados. Si la misma gestión la hubiera realizado en Inglaterra, tendría que haberse exiliado, como Puigdemont. Y, si hubiera sido en Japón, para limpiar su honor se tendría que haber cortado unos cuantos dedos o practicado el harakiri. Pero, como vive en España, ha culpado del desastre a la anterior dirección de la caja, al Banco de España y al Gobierno actual, por malvenderla a Bankia. Lo peor es que así piensa buena parte de nuestra clase política, aunque malgaste el dinero público. Pero es que las cosas sólo nos preocupan cuando nos afectan personalmente. Y los políticos deberían responder de su gestión con su propio patrimonio. Lamentablemente, no es así, y la única contrapartida para los ciudadanos es el desmantelamiento de los servicios públicos (que es lo que representaban al principio las cajas de ahorro). Mientras, en Granada, el Ayuntamiento va a remodelar las líneas de autobús, y va a suprimir la LAC. La alternancia en la alcaldía se reduce a hacer y deshacer, pero ¿quién va a pagar todo esto? Lo mismo habría que ahorrarse a la clase política.
IDEAL (La Cerradura), 4/03/2018