El
pasado martes entró en prisión el granadino Alejandro Fernández, condenado a
cinco años de cárcel por tenencia de tarjetas de crédito y débito falsas
destinadas a su tráfico, y estafa, por un importe total de 556,80 euros, el
valor documentado en facturas, según la sentencia. Nadie duda de que Alejandro
cometió un delito, pero tampoco de que el Gobierno que le ha denegado el
indulto ha tratado de silenciar la corrupción de algunos militantes o personas
afines a su partido. Gente como los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y
Miguel Blesa, que permitieron que ochenta y cinco consejeros y directivos de la
entidad y de su sucesora, Bankia, cargaran 15,5 millones de euros para gastos
personales en las denominadas “tarjetas black”. Y la diferencia es que ni
siquiera estas tarjetas eran falsas, sino opacas, y que fueron utilizadas de
manera continuada entre los años 1999 y 2012 por empresarios y políticos de
distinto signo. En la sentencia que condena a Alejandro podemos leer: “De
repente le entregan dos tarjetas con las que adquirir todo lo que te apetezca,
¿cómo puede pensarse que todo era legal, que no era malo?” La Fiscalía pidió
para Rato cuatro años y medio de prisión, y seis para Miguel Blesa; y, en
cuanto a Alejandro Fernández, tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional han
emitido informes desfavorables al indulto. Al parecer, ha pesado el tipo de
delito cometido y el que perteneciera a “una banda organizada”. ¿Como la Gürtel?
Cinco de los seis tesoreros que ha tenido el PP han sido investigados por
diversas causas judiciales. Los delitos van desde la falsedad documental al
delito fiscal o al cohecho, por crear una estructura de pagos irregulares a
cambio de prebendas. ¿Podríamos decir que formaban parte de “una banda
organizada”? Y ésa es la idea de la justicia que estamos transmitiendo, la
diferencia que hay entre robar millones o unos cientos de euros. Alejandro
Fernández cumplía con los requisitos legales mínimos para que le concedieran el
indulto de no tener antecedentes penales y haber rehecho su vida; trabajaba, y
su familia depende económicamente de él. “Si el fin de la cárcel es la rehabilitación,
él ya está rehabilitado”, afirma su abogado, Javier Gómez Rosales. ¿De cuántos
acusados por corrupción podríamos decir eso? Si no hubieran sido denunciados, seguirían
haciendo lo mismo. Alejandro Fernández no podrá solucionar sus problemas como
lo hizo Caja Madrid, cambiándose el nombre y recibiendo ayuda financiera del
Gobierno. Él cometió un delito hace seis años, y ahora va a pagar por ello.
IDEAL
(La Cerradura), 12/06/2016
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