El último derecho que quiere recortarnos el Gobierno es el del pataleo.
No contento con dejarnos en la calle, tampoco quiere que nos manifestemos, que
hagamos escraches, que la ciudadanía proteste a las puertas del Congreso. En
los últimos meses ha perdido 14 puntos en intención de voto y, según el CIS,
Mariano Rajoy es el presidente peor valorado de la historia (no se lo creen
Aznar ni Zapatero), con una nota de 2,4 sobre 10. Quizá se la haya puesto el
ministro de Educación, José Ignacio Wert, que esta semana, al verse rodeado de
periodistas, ha exclamado: “¡Esto es una jungla y yo sin machete!” Una frase
digna de su cargo, como tantas otras. Pero ya se trata de algo más que de las
formas. Desde el punto de vista de
los derechos civiles y sociales, hemos retrocedido treinta años, y eso que este
Gobierno sólo lleva dos en el poder. Y es que, además del chapapote, se le han
venido encima varias mareas: la marea blanca en defensa de la sanidad pública,
la verde por la educación, la naranja por los servicios sociales… sólo falta la
negra, por la democracia española. Los jueces no han visto indicio de delito
por las manifestaciones ante el Congreso, por lo que el Gobierno utilizará la
vía administrativa, mucho más ágil para poner sanciones. Así, las
manifestaciones no autorizadas ante el Congreso y los parlamentos autonómicos,
otrora representantes de la soberanía popular, serán consideradas faltas
administrativas muy graves, castigadas con multas de hasta 600.000 euros. Es
decir, que van a castigar a los ciudadanos que representan porque éstos les
reprochan su negligencia. Por la misma razón, el Gobierno ya planea reformar el
derecho de huelga. De este modo, ataca tres derechos constitucionales básicos:
manifestación, asociación y huelga. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Limitar la
libertad de expresión? Este Gobierno, de hecho, se ampara en una situación de
excepción para legislar como si efectivamente hubiera que declarar el estado de
excepción, o el de sitio, porque no cree en el Estado democrático. Que detengan
en Granada a dos estudiantes universitarios por manifestarse contra la LOMCE es
otro síntoma, y también que la policía realice una carga desproporcionada. Para
reforzar su autoridad, con el título de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana,
el Gobierno quiere aprobar una ley mordaza. Pero, aunque pretendan impedirlo,
los ciudadanos no van a parar de manifestarse. No debemos dejar de hacerlo
hasta que sea este Gobierno el que se encuentre en la calle.
IDEAL (La Cerradura), 24/11/2013
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